A partir de los aportes recibidos, se generó un primer espacio de intercambio en el que participaron representantes de Panamá, Ecuador, Argentina (incluida la Ciudad de Buenos Aires), Bolivia y España, quienes compartieron experiencias concretas. Entre los hallazgos del relevamiento se destaca que la mayoría de los países reconoce el derecho de acceso a la información en sus marcos legales, aunque no siempre de forma diferenciada en materia ambiental, y que en muchos casos los órganos garantes intervienen activamente en la resolución de reclamos, incluso frente a información vinculada a proyectos con impacto ambiental o actores privados.
En este marco, por parte del Órgano Garante de la Ciudad de Buenos Aires participó el Coordinador del Área de Legales, Brian Burton, quien compartió la experiencia local en la tramitación de reclamos, describiendo el sistema vigente y el rol del organismo en el acceso a información ambiental.
Asimismo, se registraron diferencias relevantes en plazos, procedimientos y niveles de especialización normativa: mientras algunos países cuentan con regímenes específicos (como Panamá o Argentina), otros aplican el marco general de acceso a la información. También se identificó que la información ambiental representa, en general, un porcentaje reducido del total de solicitudes, aunque con una tendencia a adquirir creciente relevancia en contextos de conflicto o interés público.
El relevamiento contó además con contribuciones de Colombia, Guatemala, México (Estado de México y municipios) y Costa Rica, lo que permitió enriquecer el diagnóstico regional. A partir de estos insumos (tanto del cuestionario como del intercambio en el taller) se avanzará en la elaboración de un documento que sistematice experiencias, identifique estándares comunes y releve buenas prácticas.
Este primer taller reviste un valor significativo para el fortalecimiento del enfoque regional en materia de acceso a la información ambiental. Permitió visibilizar avances, desafíos compartidos y criterios emergentes, al tiempo que consolidó un espacio de diálogo entre órganos garantes, promoviendo la cooperación, el aprendizaje colectivo y la construcción de una agenda común en línea con los principios del Acuerdo de Escazú.
