El objetivo de esa medida propuesta por el Poder Ejecutivo porteño está explicitado en el artículo segundo de la norma, donde se estipula que "la presente exención solo será procedente si dicha liberalidad impacta directamente en las tarifas cobradas a los usuarios".
La ley votada aclara que ese beneficio fiscal "no alcanza a las actividades financieras y los servicios de financiación, así como otras actividades no relacionadas con la prestación de los servicios públicos" por parte de las compañías prestatarias de los servicios de distribución de gas natural y aguas corrientes.
